25N: ¿Por qué la vida de las mujeres vale menos que el papel?

Hace veintiséis años que el 25 de noviembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como tantas fechas que nos atraviesan, nació de una tragedia. Las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, fueron asesinadas brutalmente por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Militantes, madres y referentes de resistencia, se convirtieron en un símbolo global contra la violencia de género.

Más de seis décadas después, el 25N sigue siendo un día de memoria y protesta. Y hoy nos interpela directamente como país. Argentina cuenta con un andamiaje jurídico sólido: otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 75 inc. 22, ratificó la Convención de Belém do Pará, que impone al Estado la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral. Sobre el papel, está todo.

Pero la realidad dice otra cosa. En 2024 hubo alrededor de 295 femicidios y femicidios vinculados, lo que significa una muerte cada 30 horas, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo, en su informe final del pasado año. Lo más desgarrador y preocupante: muchas habían denunciado o contaban con medidas de protección que no fueron garantizadas.

Entonces, la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué la vida de las mujeres vale menos que el papel?

La respuesta no está en la falta de normas, sino en la falta de voluntad política para hacerlas efectivas. Como señala Laura Pautassi, los derechos no se cumplen por inercia: requieren instituciones fuertes, presupuesto, seguimiento y un Estado que deje de priorizar la retórica por sobre la vida. Cuando un gobierno recorta, desregula y desmantela las estructuras de protección, convierte obligaciones estatales en meras declaraciones formales y profundiza la brecha entre la normativa y la vida de las mujeres. En ese contexto, el andamiaje jurídico queda reducido a ficción: leyes impecables que no impiden que nos maten.

El escenario actual de nuestro país agrava aún más esta brecha, entre la norma y la realidad. El gobierno de Javier Milei no sólo disolvió al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eliminando por primera vez en 37 años la estructura institucional dedicada a las políticas de género, sino que también desmontó programas de acompañamiento, llevó a la reducción de equipos territoriales y paralizó mecanismos de protección y monitoreo. La ofensiva contra las políticas de igualdad está lejos de ser neutra, produce retrocesos graves, profundiza la desprotección y tiene un impacto directo y perjudicial en la vida cotidiana de las niñas y mujeres en todo el país.

En lugar de fortalecer las obligaciones internacionalmente asumidas, el gobierno optó por un modelo que minimiza la violencia de género, la reduce a un problema individual y desestima la respuesta estatal. Siendo la distancia entre lo escrito y lo que sucede una decisión política que no hace otra cosa que profundizar los niveles de vulnerabilidad estructural de las mujeres.

Esta elección política expone una verdad: tener leyes no es lo mismo que garantizar derechos. Esto confirma la advertencia de Norberto Bobbio: el problema de nuestro tiempo ya no es proclamar derechos, sino hacerlos efectivos. Vivimos en Estados de derecho hiperproductores de normativa (tratados, leyes, protocolos), pero esa proliferación no significa protección real. La distancia entre lo que se promete y lo que se cumple expone una falla estructural que, lejos de ser técnica, es profundamente política.

Casos emblemáticos como el de Belén, criminalizada tras un aborto espontáneo, muestran cómo la violencia institucional y la revictimización se suman a la violencia machista. Operadores judiciales sin perspectiva de género, fuerzas de seguridad que no aplican protocolos, medios que reproducen estereotipos: la violencia se multiplica cuando el Estado se vuelve parte del problema.

Por eso, el 25N no es solo una fecha: es un reclamo urgente.

La vida de las mujeres no puede seguir dependiendo del territorio donde vivan, de la disponibilidad de recursos o del criterio del funcionario de turno.

El desafío está claro. Formación real, presupuesto efectivo y aplicación federal de los estándares que ya existen. La deuda no es con los tratados: es con las mujeres que ya no están y con las que todavía esperan una respuesta que llegue a tiempo.

Transformar el papel en garantía de vida es una responsabilidad estatal, pero también colectiva. Porque mientras la ley siga siendo letra muerta, la violencia seguirá escribiendo la historia que intentamos cambiar. Y esa historia no se puede seguir repitiendo. Cada avance que hoy defendemos es el resultado de luchas que exigieron, una y otra vez, que el Estado dejase de mirar para el costado.

El 25N nos recuerda que ninguna norma es neutral, que ningún retroceso ocurre sin consecuencias. Exigir un Estado presente no es una consigna abstracta: es reclamar políticas que nos protejan, instituciones que nos amparen y decisiones que prioricen derechos.

El futuro que buscamos depende de que la implementación de todos estos derechos no sea un privilegio, sino una garantía; de que la justicia no llegue tarde; de que la memoria se convierta en acción y la indignación en decisión política.

Hay futuro si hay decisión. Garantizar la vida de las mujeres no es una utopía, es una deuda que el Estado puede y debe saldar.