La cátedra 2 de DDHH y el segundo dictado de trimestrales: comentarios al diseño curricular de nuestro Plan 6

En estos días, la agenda de nuestra Facultad se vio atravesada por una de esas decisiones que, aunque parezcan técnicas o administrativas, terminan teniendo consecuencias muy concretas en la vida cotidiana de los estudiantes. Nos referimos a la resolución del Consejo Directivo que dispuso la creación de la segunda cátedra de Derechos Humanos, probablemente la medida más relevante que se haya tratado en lo que va de 2026.

La materia de Derechos Humanos fue incorporada al plan de estudios hace ya casi 10 años. Desde entonces se convirtió en una pieza importante del trayecto académico, no solo porque habilita la cursada de Derecho Penal II sino también por el contenido que aborda: niñez, derechos de las mujeres, derecho a la vivienda y otros temas que hoy forman parte inevitable del horizonte profesional de cualquier abogado.

Hasta el martes 10 de febrero para avanzar hacia tercer año, los estudiantes dependíamos de una materia trimestral que tenía una sola cátedra y apenas seis comisiones. El resultado era previsible. Cientos de alumnos quedaban en la puerta de la cursada. Según los números cerca del 68%, siete de cada diez estudiantes, debía esperar al siguiente dictado trimestral para intentar nuevamente conseguir un lugar.

Una cursada que no se puede hacer a tiempo suele convertirse en la primera ficha de dominó de una cadena de demoras que termina empujando hacia atrás todo el recorrido académico. Lo que empieza como un pequeño contratiempo termina transformándose en esa bola de nieve. Frente a esto, la creación de una segunda cátedra de Derechos Humanos aparece, en principio, como una buena noticia. Debería de ampliar la oferta, abrir un poco el embudo y dar respuesta parcial a un problema que se arrastraba desde hace años.

Pero en la misma sesión en la que se aprobó la nueva cátedra, el Consejo Directivo decidió eliminar el segundo dictado de las materias de Derechos Humanos, Derecho de las Sucesiones y Derecho Colectivo del Trabajo y Seg. Social. El viejo dicho "una de cal y una de arena", aplicado con una precisión que por momentos roza lo caricaturesco. Se reconoce el problema del embudo académico, se toma una medida para aliviarlo, y simultáneamente se adopta otra que vuelve a estrechar el paso.

El segundo dictado de las materias trimestrales cumple una función valiosa dentro del calendario; se inicia cuando finaliza el primer cuatrimestre y concluye justo antes de que comience el segundo, lo que lo convierte en una instancia especialmente práctica para muchos estudiantes. Para quienes arrastran materias, deben recursar, reorganizan su cursada o buscan avanzar sin sobrecargar el cuatrimestre siguiente, ese período intermedio funciona como una oportunidad clave para no perder tiempo en el recorrido académico.

Cuando las oportunidades se reducen, quienes terminan quedando en el camino son justamente aquellos que no pueden dedicarse exclusivamente a estudiar. El resultado es una Facultad que, de hecho, empieza a favorecer a quienes cuentan con el privilegio de ser sostenidos económicamente mientras cursan.

Ambos pesos del claustro estudiantil iniciaron el habitual intercambio de responsabilidades sobre quién votó qué y quién tiene la culpa de. Un debate que, como suele pasar, gira más alrededor de la aritmética de los votos que de la vivencia de los estudiantes.

Mientras tanto, la pregunta que queda flotando, si el problema era la falta de oportunidades para cursar, ¿qué sentido tiene resolverlo ampliando los cupos por un lado y reduciendo los dictados por el otro? La respuesta que nos dieron fueron dos: el requerimiento de esta medida para una mejor distribución de los dictados, alternancia en los listados y evitar la superposición con otras cursadas, cuestiones que hace tiempo los docentes necesitaban; y la degradación de los recursos destinados al sistema educativo. No puede soslayarse el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos asumidos en materia de financiamiento, ni tampoco la justificación de la reorganización de los docentes. Aún así, el modo en que se han tomado y comunicado estas decisiones resulta, cuanto menos, oscuro y carente de la transparencia. Si algo enseña el propio campo del derecho es que las reglas claras, la publicidad de los actos y la participación de los afectados no son formalidades: son condiciones básicas de legitimidad.

En teoría, los cupos correspondientes al período que se elimina serían redistribuidos entre los dictados restantes. Sin embargo, todavía no está claro cuántos lugares se incorporarán efectivamente, cómo se realizará esa distribución ni si el resultado alcanzará para absorber la demanda existente. Mientras esas definiciones sigan sin precisarse, el riesgo de volver a quedar afuera de la cursada continúa siendo una posibilidad muy concreta.

Es menester restituir el período de dictado que fue eliminado, ya que su ubicación en el calendario académico cumplía una función concreta para quienes necesitan organizar la cursada entre el trabajo y el estudio. Al mismo tiempo, se vuelve indispensable mejorar los canales de diálogo entre los distintos claustros, de modo que decisiones que afectan directamente la trayectoria académica de cientos de estudiantes no se adopten sin la información ni la discusión previa correspondiente.

Y si la restitución inmediata no fuese posible, al menos debería evaluarse la implementación de alternativas, como un preevaluativo intensivo de cada una de las materias que permita a los estudiantes avanzar sin quedar atrapados en el cuello de botella de las correlatividades. Medidas de este tipo no solo aliviarían el problema inmediato, sino que demostrarían una voluntad real de encontrar soluciones prácticas a una situación que hoy genera incertidumbre y demoras innecesarias en el recorrido académico.

Una facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales debería ser particularmente cuidadosa con estas cuestiones. No solo forma profesionales del derecho, también forma ciudadanos que, el día de mañana, deberán reclamar transparencia y discutir decisiones públicas como las tomadas el pasado martes.