Lo que se perdió antes de la reforma

La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió una pregunta incómoda que atraviesa tanto la política como el mundo del trabajo: ¿qué cambió en la subjetividad de los trabajadores para que una reforma que objetivamente recorta derechos históricos no haya encontrado un rechazo masivo? La explicación no parece agotarse en la coyuntura económica ni en la capacidad de persuasión del gobierno, sino que remite a transformaciones más profundas en la manera en que el trabajo produce identidad, expectativas y sentido de futuro.

Según el relevamiento de Explanans, realizado en noviembre de 2025 sobre 6.145 casos, seis de cada diez argentinos consideran necesaria una reforma laboral; un 43 % apoya plenamente la propuesta oficial y un 18 % preferiría algún tipo de reforma alternativa, frente a un 30 % que la rechaza. Un relevamiento posterior de Giacobbe & Asociados, realizado entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 2026, arroja resultados similares, aunque más ajustados: 45,6 % de aprobación frente a 42,7 % de rechazo. Incluso otras mediciones, como la de la consultora Centrix, muestran que más del 55 % de los encuestados respalda alguna modificación de las leyes laborales, aunque esta encuesta también evidenció una fuerte percepción negativa hacia los sindicatos y hacia diferentes grupos de apoyo según sectores sociales. El promedio de encuestas presentado por Jorge Fontevecchia sintetiza este panorama: la aprobación supera al rechazo por casi cinco puntos porcentuales.

Este dato es relevante por dos razones que suelen pasar inadvertidas. La primera es evidente: para que exista un apoyo mayoritario a una reforma que recorta derechos laborales, necesariamente debe haber una cantidad considerable de trabajadores que la avalen, aun siendo los principales perjudicados. La segunda es que el nivel de apoyo a la reforma es sensiblemente mayor que el respaldo al propio gobierno de Javier Milei, que ronda el 40 %. Esto implica que aproximadamente entre un 15 y un 17 % de quienes no apoyan políticamente al oficialismo igualmente consideran necesaria una reforma laboral. Por eso, tal vez, en lugar de acusarse entre sí, la oposición haría bien en intentar comprender los cambios históricos y las razones subjetivas que dan condición a este tipo de reformas. El fenómeno, por lo tanto, no puede explicarse solo en clave de alineamiento partidario: remite a un cambio más profundo en la forma en que los trabajadores se perciben a sí mismos, en sus expectativas y en su relación con el trabajo como fuente de identidad.

Durante buena parte de la modernidad, el trabajo fue un elemento constitutivo central de la identidad individual y colectiva. Desde mediados del siglo XIX, el obrero no se pensaba solo como alguien que vendía su fuerza de trabajo, sino como parte de un oficio, de una comunidad y de un destino compartido. Incluso la doctrina social de la Iglesia, a partir de la encíclica Rerum Novarum, reconocía al trabajo como algo más que un medio de subsistencia: era fuente de dignidad, pertenencia y realización. La identidad laboral estaba anclada en un "nosotros".

A comienzos del siglo XX, con la industrialización masiva, el trabajo comenzó a despersonalizarse. La aparición de las cadenas de montaje transformó al obrero en una pieza de la máquina. La identidad laboral pasó a ser instrumental, definida por el rol en la producción más que por la realización personal. Los modelos fordistas y taylorianos consolidaron esta tendencia, pero al mismo tiempo surgieron nuevas formas de identidad laboral vinculadas al estatus, la jerarquía y la pertenencia a organizaciones, y el trabajo dejó de ser solo subsistencia para convertirse en un marcador social, un vector de respeto y reconocimiento. La burocracia moderna formalizó esta identidad laboral como un elemento de racionalidad, disciplina y prestigio profesional. Incluso la cultura popular exaltaba al trabajador como un héroe de la modernidad industrial.

Ese modelo comenzó a erosionarse hacia fines del siglo, cuando la globalización, la tercerización y la financiarización de la economía alteraron profundamente la relación entre trabajo e identidad. La producción industrial cedió espacio a los servicios, la información y las trayectorias laborales discontinuas. Como señala Richard Sennett, la flexibilización y la precarización socavaron la estabilidad que daba coherencia a la experiencia laboral, dando lugar a identidades fragmentarias, móviles y frágiles. La noción de clase, entendida como pertenencia colectiva con intereses comunes, fue desplazada progresivamente por la noción de carrera individual, donde cada sujeto compite con los demás por oportunidades escasas en un mercado cada vez más volátil.

En el siglo XXI, esta tendencia se intensificó. La economía digital y la lógica del rendimiento permanente profundizaron la internalización del trabajo. El trabajador ya no se percibe como explotado por una autoridad externa, sino como un emprendedor de sí mismo, plenamente responsable de su éxito o de su fracaso. El trabajo deja de ser una obligación impuesta y se convierte en una ética de vida. La identidad se construye alrededor de la productividad, la visibilidad y la optimización constante, generando una combinación persistente de autoexigencia, ansiedad y vacío. En ese contexto, la figura del obrero, históricamente asociada a la base de la pirámide social, pierde atractivo simbólico. Muchos asalariados prefieren pensarse como inversores, emprendedores o cuentapropistas, aun cuando su inserción material no haya cambiado sustancialmente. Si se cambia de trabajo en trabajo, si predomina el empleo informal o precario, resulta difícil forjar una identidad ligada a un oficio y, más aún, pensarse como parte de un "nosotros" con intereses comunes que defender. La solidaridad cede paso a la competencia; la estabilidad, a la autoexplotación.

Sobre la historia de la legislación laboral en Argentina, a comienzos del siglo XX, frente a la emergencia de la llamada "cuestión social", el Estado empezó a intervenir de manera fragmentaria en las relaciones laborales. Leyes sobre accidentes de trabajo, jubilaciones sectoriales o descansos obligatorios buscaban atenuar tensiones puntuales, pero no constituían un sistema general de protección. La cobertura era limitada, dependía del sector y del contexto político, y no alcanzaba a estructurar una experiencia común del trabajo asalariado. El trabajador era un sujeto de regulación ocasional. Ese escenario cambia de forma decisiva a partir de la década de 1940, cuando, bajo el gobierno de Juan Perón, los derechos laborales se universalizan y se convierten en política de Estado. No se trató únicamente de ampliar beneficios como el aguinaldo o las vacaciones pagas, sino de construir un entramado institucional que reconocía explícitamente la desigualdad estructural entre empleador y trabajador. La creación del fuero laboral, la expansión de la negociación colectiva y la constitucionalización de los derechos sociales en 1949 consolidaron al trabajo como eje de integración social y como fuente de ciudadanía. El derecho laboral dejó de ser una respuesta coyuntural y pasó a organizar identidades, expectativas y horizontes de vida.

La ruptura de ese modelo fue violenta y deliberada. La derogación de la Constitución de 1949 tras el golpe de 1955 y, más tarde, el desmantelamiento de la Ley de Contrato de Trabajo durante la última dictadura militar implicaron, además de ajustes técnicos, un cambio profundo en la concepción del trabajo. El derecho laboral dejó de ser un pilar del orden social para ser redefinido como un obstáculo al funcionamiento del ambivalente mercado. Lo más significativo es que ese desguace nunca fue plenamente revertido. Aun con cuatro décadas de democracia ininterrumpida, la legislación vigente conserva la impronta de las reformas impuestas en 1976: el principio protector fue erosionado, la estabilidad relativizada y la tutela judicial debilitada. Ni la transición democrática ni las reformas posteriores lograron recomponer de manera integral el vínculo entre derecho laboral, experiencia cotidiana e identidad colectiva. Las reformas de los años noventa consolidaron la precarización como rasgo estructural y el ciclo iniciado en 2003, aunque fortaleció el salario y la negociación colectiva, no logró reconstruir plenamente la promesa del trabajo como horizonte estable de vida.

Hoy, la promesa del empleo formal como garantía de estabilidad, derechos y ascenso social se fue vaciando de contenido. Los datos recientes del mercado laboral refuerzan esta percepción. El empleo privado registrado lleva más de doce años estancado en torno a los seis millones de puestos y, desde fines de 2023, se perdieron alrededor de 147 mil empleos formales. En términos demográficos, la proporción de asalariados privados sobre la población en edad laboral cayó casi tres puntos desde 2012. Este estancamiento se combina con un avance persistente de la informalidad, que ya alcanza a más del 43 % de las personas ocupadas, y con un crecimiento del monotributo y el cuentapropismo como formas dominantes de inserción laboral. Sin embargo, la reforma no apunta a revertir este cuadro de informalidad estructural, sino que tiende a normalizarlo. Más de la mitad de los trabajadores informales se desempeñan en empresas de menos de cinco empleados. En lugar de promover su incorporación al empleo registrado, la reforma habilita y estimula su contratación bajo figuras como el monotributo, trasladando el riesgo empresario al trabajador. De este modo, el problema deja de ser la informalidad en sí misma y pasa a ser su "excesiva rigidez normativa".

La reforma tampoco es neutral en la relación capital–trabajo. En materia de contratación, amplía los márgenes para el empleo precario, reduce sanciones frente a la contratación informal y flexibiliza los controles sobre la tercerización, incluso en casos donde esta funciona como mecanismo de fraude laboral. En materia de despido, extiende el período de prueba, habilita despidos que hasta ahora podían ser considerados discriminatorios y amplía el uso de fondos de cese, debilitando la estabilidad como principio rector del vínculo laboral; el resultado es una relación laboral crecientemente asimétrica, donde el trabajador asume mayor incertidumbre y menor capacidad de defensa, mientras el empleador gana previsibilidad jurídica y reduce costos de desvinculación.

A ello se suma un deterioro sostenido del salario real. En la última década, los salarios registrados cayeron alrededor de un 22 % en términos reales y, durante la gestión actual, acumulan una pérdida adicional cercana al 9 %. En este contexto, el trabajo formal deja de ser percibido como un refugio frente a la incertidumbre.

El supuesto de que la reducción de derechos laborales generará empleo y mejorará su calidad carece de sustento empírico. A las empresas no las asfixia la legislación laboral, sino la crisis económica, la caída del consumo, la volatilidad financiera y la falta de perspectivas de crecimiento sostenido. Un mercado de trabajo con menos derechos no abre la puerta de entrada a los trabajadores informales; por el contrario, diluye los límites entre formalidad e informalidad y, en este escenario, la promesa de "empleabilidad" reemplaza a la de estabilidad, y la responsabilidad por el fracaso se individualiza. Si no hay trabajo, no es porque el sistema no lo genere, sino porque el individuo no supo adaptarse.

En este marco, el apoyo a la reforma laboral aparece menos como una adhesión ideológica que como una respuesta pragmática a una experiencia laboral degradada. Para amplios sectores, especialmente jóvenes y trabajadores informales, los derechos laborales históricos son algo que nunca tuvieron. Defenderlos no implica conservar un beneficio concreto, sino sostener un modelo que perciben como ajeno o agotado. En una sociedad donde la identidad del trabajador ya no se organiza en torno a la estabilidad ni a la pertenencia colectiva, la promesa de flexibilidad, empleabilidad y oportunidades individuales resulta seductora, incluso si implica resignar garantías.

La escena frente al Senado imprime esta tensión. De un lado, un relato que advertía sobre la pérdida de derechos, pero sin plantear un futuro mejor de manera creíble; del otro, uno que prometía ese futuro. No resulta sorprendente que una parte significativa de la sociedad se incline por la segunda. En última instancia, la reforma avanza no solo por un cambio en la correlación de fuerzas políticas, sino porque se apoya en una transformación más profunda: la disolución de la identidad obrera clásica y la emergencia de un trabajador individualizado, competitivo y orientado al rendimiento. En ese escenario, intercambiar derechos por expectativas aparece como una opción razonable para quienes, en rigor, sienten que esos derechos ya no les pertenecen o dudan de que les sirvan para imaginar un futuro más allá del día de hoy.

Concluyo que la discusión sobre la reforma laboral no gira únicamente en torno a artículos o tecnicismos jurídicos. Lo que está en juego es algo más elemental y, a la vez, más difícil de reconstruir: una idea compartida de futuro. Cuando el trabajo deja de ofrecer estabilidad, reconocimiento y pertenencia, los derechos que lo rodean empiezan a percibirse como restos de un orden que ya no organiza la vida cotidiana. En ese vacío, cualquier promesa de salida, por más frágil que sea, puede parecer preferible a la continuidad. Tal vez el problema no sea solo que se recorten derechos, sino que ya no haya un proyecto colectivo capaz de volverlos deseables.